29 abr. 2026

Vecinos del barrio Barcequillo de San Lorenzo claman por solución a crisis del transporte público

Residentes de un barrio de San Lorenzo protestaron por las fallas del servicio de la línea 133, con unidades en mal estado y escasa frecuencia. Señalan perjuicios laborales y escolares, y exigen una solución inmediata de las autoridades.

Screenshot_2.png

Vecinos del barrio Barcequillo se manifestaron este miércoles 16 de julio frente al Viceministerio de Transporte para denunciar el grave deterioro del servicio de la línea 133, operada por la empresa Tecla S.A. Aseguran que sufren un abandono total, con buses en mal estado que a menudo se descomponen en plena vía.

Durante la protesta, los ciudadanos portaban carteles denunciando la falta de unidades en circulación y las condiciones precarias de los ómnibus, que afectan su rutina diaria. Algunos vecinos relataron haber perdido empleos o llegar tarde al trabajo, mientras que niños deben caminar largas distancias para llegar a clases.

Una manifestante relató que personas han llegado a quemarse con agua de radiador, al intentar ayudar cuando los colectivos se averían, describiendo la experiencia como una “tortura china”. Ese mismo día, una unidad quedó varada frente a un conocido shopping en la zona de Avda. Eusebio Ayala, impidiendo que varias mujeres participaran en la movilización.

Los vecinos exigen una respuesta sincera de las autoridades y advierten que, ante la inacción oficial, están dispuestos a organizarse para buscar soluciones comunitarias, incluso adquirir minibuses propios.

VER MÁS:
El hallazgo de una celda con remodelaciones no autorizadas para Dalia López expone presuntos privilegios dentro del sistema de reclusión y desata cuestionamientos sobre controles y transparencia en la Policía Nacional.
Desde este jueves rige un fuerte aumento en el precio de los combustibles en algunos tipos de diésel y que ya generan un impacto inmediato en la economía diaria de los ciudadanos.
La vivienda en la que fue capturada Dalia López tras seis años de clandestinidad estaba alquilada a nombre de la firma Cerebro SA, propiedad del comunicador Bruno Masi y su esposa María Luz Peña, según confirmó el Ministerio del Interior.