Un grupo de abogados se presentó ante la Defensoría del Pueblo para solicitar formalmente la implementación de seis acciones concretas destinadas a desarticular la denominada “Mafia de los pagarés” y proteger los derechos humanos patrimoniales y comunitarios de miles de víctimas.
La gravedad de la situación, que involucra un presunto esquema criminal montado desde el propio poder judicial, ha llevado a los letrados a exigir una intervención activa del Defensor del Pueblo ante diversas instituciones clave del Estado paraguayo.
Entre las entidades a las que se busca interpelar se encuentran la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Banco Central del Paraguay y el Congreso Nacional. Los abogados Katia González y Jorge Rolón Luna, quienes lideraron esta presentación, hicieron hincapié en la necesidad de que la Defensoría del Pueblo inicie acciones de amparo colectivo para detener los descuentos salariales que sufren las víctimas a lo largo del país.
Consideran que, si bien existe una causa abierta en la justicia, el proceso es excesivamente lento, prolongando el sufrimiento de los afectados mientras las empresas estafadoras continúan operando. Además, solicitaron que el Ministerio de la Defensa Pública destine abogados gratuitos para representar a las víctimas, quienes en su mayoría carecen de recursos económicos para defenderse legalmente.
Un punto central de la presentación radica en la consideración de este esquema como una violación masiva de derechos humanos al involucrar a agentes públicos y la inacción de ciertos estamentos del poder judicial, como los juzgados de paz . Los abogados advirtieron que esta situación podría derivar en demandas ante organismos internacionales contra el Estado paraguayo por la vulneración de los derechos de las víctimas.
La presentación ante la Defensoría del Pueblo representa un paso importante en la búsqueda de justicia y reparación para los miles de afectados por esta presunta red criminal. La exigencia de acciones concretas por parte de los abogados busca generar una respuesta coordinada y efectiva de las instituciones del Estado para desarticular la “mafia de los pagarés” y garantizar la protección de los derechos humanos de las víctimas.
Este esfuerzo por parte de la sociedad civil y el ámbito legal demuestra una firme intención de llevar este caso a las instancias necesarias para que se haga justicia y se prevengan futuras situaciones similares. La actuación del Defensor del Pueblo ante esta solicitud será crucial para determinar el avance en la defensa de los intereses de los ciudadanos afectados.
