Durante su descargo, González aclaró que, aunque se le señala como propietario, su rol formal es el de consultor externo desde 2018, mientras que la presidencia de la sociedad anónima recae sobre un ciudadano peruano.
El representante admitió abiertamente poseer causas penales por producción de documentos no auténticos y estafa, argumentando que estos procesos derivan de una crisis financiera de su anterior firma, Grupo Certe, tras la quiebra de un proveedor en Turquía hace casi una década.
Respecto a las contradicciones de la exrepresentante legal, de apellido Mistanga, quien en 2019 negó conocerlo, González reveló que mantuvieron una relación sentimental y que ella mintió ante la prensa por temor al escrutinio mediático.
En cuanto a la operatividad de Renfe SA, el asesor subrayó que la compañía ha sido adjudicada con 45 contratos estatales entre 2020 y 2025, de los cuales 30 han concluido con actas de conformidad y sin sanciones administrativas, asegurando que estar habilitados en el sistema de contrataciones les otorga el derecho legítimo de competir, independientemente de los ruidos judiciales que rodean su figura personal.
