La decisión fue adoptada el 30 de julio de 2024 y, según la auditoría interna, bloqueó posibles sanciones administrativas por anomalías detectadas durante la planificación y ejecución del contrato.
Entre las observaciones se mencionan el pago de un anticipo del 10% sin evidencias de que el área de intervención estuviera liberada, la falta de un dictamen de infraestructura y modificaciones contractuales cuestionadas. Además, posteriormente se advirtió sobre el riesgo estructural que implicaba instalar los quirófanos en el séptimo piso del Hospital Central.
El Ministerio Público investiga el caso como un presunto hecho de lesión de confianza, con un perjuicio estimado en G. 61.000 millones. Los quirófanos no fueron puestos en funcionamiento, mientras que la directora de Auditoría del IPS, Alicia Olazar, sostuvo que las posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios subsisten pese a los intentos posteriores de subsanar las irregularidades.
