El propio Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó seriamente a esta Comisión en su último informe sobre DD.HH. en Paraguay, señalándola por perseguir a la sociedad civil y atacar a medios de prensa.
Originalmente creada para investigar lavado de dinero, la Comisión Garrote, presidida por Dionisio Amarilla y secundada por Gustavo Leite, fue acusada de usar resoluciones y acciones judiciales para presionar a organizaciones civiles y filtrar información privada.
El Gobierno de Santiago Peña promocionó el hecho, pese a las graves observaciones internacionales
