Los críticos están calificando la movida como un “retroceso” en materia de transparencia. El proyecto revertiría lo establecido por la Ley 7.158, promulgada en 2023, la cual eliminó el secreto del voto de una Ley de 1995 y estableció que los ministros voten de forma nominal y a viva voz.
Según los detractores, la gente tiene derecho a ver cómo votan los ministros de la Corte. Se argumenta que los funcionarios públicos tienen una responsabilidad y deben actuar “a la luz de la transparencia”.
Devolver el voto secreto implicaría que, en el supuesto caso de que se elijan personas “controvertidas”, “nadie va a saber quién votó por quién”. La transparencia es crucial, ya que “asumir públicamente una posición hace de que el hombre público responda de sus decisiones”.
Aunque algunos liberales opositores no ven con malos ojos la idea (creyendo que les daría más chances de ocupar espacios de poder), los detractores consideran que esta teoría “se derrumba” desde el momento en que los proponentes son los cartistas
