La resolución estuvo a cargo de la jueza Alicita Sánchez, quien argumentó que el fármaco no está habilitado para su uso en Paraguay. La familia, que no puede costear las 18 ampollas que superan los 200 millones de guaraníes, expresó su profunda indignación y adelantó que apelará la medida.
Desde la Defensoría del Pueblo cuestionaron el fallo, señalando que no se pidió un informe oficial a Dinavisa ni se tuvo en cuenta jurisprudencias previas que favorecieron casos similares. Ahora, la esperanza está puesta en el Tribunal de Alzada, que deberá decidir si la menor finalmente podrá acceder al medicamento que podría salvarle la vida.
