El eje central de la denuncia por enriquecimiento ilícito es un aumento patrimonial supuestamente injustificado, con un crecimiento patrimonial del 1.603% (mil seiscientos tres por ciento) en cinco años, entre 2017 y 2023.
El patrimonio del Presidente se incrementó en más de 23.000 millones de guaraníes, y se afirma que no puede explicar unos 10.000 millones de guaraníes de su incremento salarial.
Los denunciantes también señalan el uso de una camioneta Toyota Land Cruiser y una aeronave vinculadas a proveedores del Estado. Además, critican el manejo de su residencia, Mburuvicha Róga, señalando que parece un manejo “propio de delincuentes,” e indican que la casa está tasada en aproximadamente 2 millones de dólares a dos años de asumir el gobierno.
Respecto al lavado de dinero, la denuncia se fundamenta en acciones y bonos en empresas vinculadas a estructuras con antecedentes judiciales (como Credicentro fusionada con PASP del caso Pago Real y narcotráfico), y la existencia de pagos en sobres atribuidos a la Primera Dama y al entorno presidencial.
Para sustentar el tráfico de influencias, los legisladores reportaron que 29 contratos públicos por valor de 992.000 millones de guaraníes (incluyendo contratos del IPS) fueron adjudicados a empresas que tenían vínculo accionario con el Presidente.
Frente a la denuncia, la mayoría de los cartistas y aliados del presidente prefirieron el silencio. Los pocos que se pronunciaron, como los senadores Dionisio Amarilla y Derlis Maidana, recomendaron a Santiago Peña que dé la cara y brinde explicaciones a la ciudadanía, ya que solo había respondido previamente por redes sociales. También indicaron que corresponde que la Contraloría General de la República actúe y realice un examen de correspondencia.
