Aunque las estimaciones técnicas iniciales ubicaban el aumento en torno a los G. 70.000, desde el propio oficialismo ya se admite que la cifra es considerada insuficiente y que el Ejecutivo evalúa un reajuste superior, en lo que sería una decisión política por encima del criterio técnico del CONASAM.
El diputado Hugo Meza calificó el monto de referencia como una “burla permanente”, señalando que no refleja la realidad económica que enfrentan miles de trabajadores que dependen del salario mínimo para sostener sus hogares.
Sin embargo, la discusión vuelve a encender el debate de fondo: mientras empresarios y trabajadores no logran consenso en el CONASAM, el ajuste termina siendo definido por el Poder Ejecutivo, generando críticas sobre la falta de un mecanismo verdaderamente equilibrado.
En un contexto de alta inflación acumulada y pérdida del poder adquisitivo, el anuncio oficial se espera con expectativa, pero también con creciente indignación en sectores laborales que advierten que los aumentos siguen quedándose cortos frente al costo de vida.
