El documento destaca que actores políticos utilizaron amenazas e intimidación para restringir la libertad de expresión y de prensa, buscando silenciar a sus oponentes.
Además, acusa al Congreso Nacional de ser usado para intimidar a personas y organizaciones que denuncian irregularidades, citando la creación de una comisión bicameral de investigación que fue empleada para intimidar a críticos con falsas acusaciones y amenazas. Un ejemplo mencionado es el pedido de informes a organizaciones civiles sobre su financiación internacional.
El informe también critica la promulgación de una Ley que codifica el control gubernamental sobre las organizaciones no gubernamentales y se refiere a la censura por parte del gobierno hacia grupos considerados “extremistas” o “rebeldes”. Asimismo, se menciona el uso de leyes de calumnia o injuria para restringir el debate público.
En resumen, el Departamento de Estado concluye que el Estado paraguayo está violando derechos humanos fundamentales y que no hubo ningún avance significativo en esta materia desde el año pasado.
