Según los testimonios, muchos de estos docentes perciben un salario mensual de aproximadamente G. 3 millones, pero se les descuenta entre G. 2 millones, dejándolos en una situación económica precaria. A pesar de haber solicitado el cese temporal de los descuentos, especialmente en casos donde los expedientes se “extravían”, sus pedidos no fueron escuchados.
Las docentes expresaron su frustración y decepción con el sistema judicial, sintiéndose vulnerables y sin saber a quién más recurrir, lo que las llevó a hacer esta denuncia pública. Mencionaron que incluso una persona que fue Ministro de Educación estuvo presente, conociendo el “dolor docente”, pero aun así no obtuvieron una respuesta favorable.
