La acusación se vio fuertemente reforzada por la colaboración de algunos investigados, destacándose la declaración del ujier Arturo Ayala, cuyo testimonio ante el Ministerio Público fue catalogado como “escandaloso y grosero”. Ayala declaró que él entregaba la suma de 25 millones de guaraníes semanalmente en efectivo a la jueza Analía Cibils en su oficina los días viernes.
Este dinero, proveniente de empresas como Nexo y más de diez que actuaban de manera similar, buscaba acelerar ciertos juicios. La jueza Cibils incluso supuestamente tenía una carpeta donde controlaba la cantidad de juicios que ingresaban para poder calcular cuánto dinero iba a recibir al mes.
Si el pago no se concretaba, el efecto era retroactivo para la semana siguiente. A pesar de que se realizaban trámites en “apariencia de cumplimiento de las formas legales”, el Ministerio Público pudo constatar que las tareas de notificación, intimación de pago y embargos ejecutivos “no se efectuaban” en la realidad, dado que era humanamente imposible cumplir con los plazos.
El ujier relató que muchas veces le daban 13 notificaciones para entregar en dos o tres días en diferentes puntos del país. Las víctimas, muchas de ellas “gente muy humilde”, se enteraban del embargo cuando ya se les descontaba más de la mitad de su salario por años, y muchos de estos descuentos todavía están vigentes.
