La decisión del consejo administrativo, que descartó tres propuestas económicas superiores, ocurre mientras solo siete de los 20 elevadores institucionales funcionan, agravando la crisis de atención para pacientes y adultos mayores.
Esta adjudicación ha generado una fuerte indignación debido a que RENFE S.A figura en el registro de infractores del Estado, acumulando tres inhabilitaciones en los últimos seis años. Además, la firma está vinculada a Rafael Eduardo González, ciudadano peruano con órdenes de captura internacionales por estafa, cuya pareja sentimental figura como representante legal en los documentos oficiales.
A pesar de este historial, la empresa ha logrado contratos previos con el Congreso Nacional y el Ministerio de Justicia, evidenciando una preocupante vulnerabilidad en los filtros de contratación estatal.
Mientras las autoridades debaten la legalidad del contrato, la realidad en las clínicas es crítica: pacientes en camillas, mujeres embarazadas y personas con discapacidad deben enfrentar esperas interminables o subir varios pisos por escaleras ante el colapso del sistema de transporte vertical.
En la sede central, la convivencia de pacientes críticos con personal de limpieza en los pocos elevadores operativos incrementa el riesgo sanitario y degrada la calidad del servicio.
Ante estos hechos, el Dr. Fretes ha anunciado que remitirá el caso a la Contraloría General de la República y a la asesoría jurídica para determinar responsabilidades internas. Por su parte, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas subrayó que, aunque la empresa es infractora, la decisión final de contratarla fue responsabilidad exclusiva de las autoridades del Instituto.
