El problema legal central radica en que el artículo 121 de la Ley de Modernización de la Policía exige un decreto reglamentario para utilizar el polígrafo, y este decreto “no se hizo nunca”.
A pesar de la falta de regulación, los resultados de las pruebas fueron catalogados como sospechosos, pues hay Policías con procesos penales que pasaron “tranquilamente la prueba del polígrafo”, mientras que otros con una foja impecable no pudieron superarla.
El senador Rafael Filizzola señaló que personas que trabajaban con “Lalo Gómes” y el oficial que “borró el código rojo” lograron pasar el polígrafo, indicando que policías vinculados al crimen organizado sí burlaron la prueba.
Los cuestionamientos también se extienden al aspecto técnico, ya que los equipos utilizados tienen 15 años de antigüedad, superando su vida útil de 10 años, lo que implica riesgos de que la máquina pueda fallar, estar mal calibrada o tener el software desactualizado.
Además, se critica que el proceso está envuelto en “demasiado secretismo”. El poligrafista realiza la prueba y entrega el resultado “en secreto” a Riera (la autoridad), y no hay conocimiento público sobre si se entregó la verdadera prueba.
