Ambos internos, condenados por delitos como usura, lavado de dinero y extorsión, fueron recluidos bajo estrictas medidas de seguridad y el acompañamiento de la Policía Nacional en cumplimiento de la Resolución 238/DGEP/2026. El operativo se activó a raíz de alertas tempranas de la Dirección de Inteligencia Penitenciaria, que permitieron desactivar los beneficios indebidos que recibían los reclusos en su anterior lugar de reclusión.
Padre e hijo fueron destinados al Módulo 8, un pabellón exclusivo de régimen cerrado especial donde permanecen en celdas individuales y separados de la población general. En este sector de máxima seguridad estarán encerrados 22 horas al día, recibirán los alimentos directamente en sus celdas y dispondrán de solo dos horas diarias para realizar actividades físicas, siempre sujeto a su comportamiento.
Las autoridades informaron que este procedimiento responde a una nueva forma de gerenciar el sistema penitenciario y cumplir con estándares internacionales, como la separación de personas condenadas y procesadas. Asimismo, el Ministerio de Justicia abrió una investigación administrativa para determinar la complicidad o negligencia del personal penitenciario en los privilegios detectados, advirtiendo que se aplicarán las sanciones y acciones legales más rigurosas.
