Los investigadores montaron un operativo de entrega vigilada de unos G. 40 millones, producto de una extorsión. La denuncia fue realizar por un arquitecto que recibía amenazas vía correo electrónico, el extorsionador supuestamente divulgaría fotos y videos que comprometían a la víctima con licitaciones amañadas.
El denunciante dijo que la supuestas pruebas eran falsas y lo que lo animó a denunciar fue que las amenazas subieron de tono y ya iba direccionado a su familia.
Tras un operativo, se logró descubrir que el propio secretario de la víctima era el extorsionador. El mismo era el encargado de entregar el dinero, pero por el camino se detuvo a comprar una riñonera donde guardó el dinero. Posteriormente, debía dejar la mochila en un lugar establecido donde fue encarado y detenido.
El empleado deshonesto tenía en su poder los billetes que fueron marcados antes de la entrega.
