La decisión judicial se concretó una vez que agentes de la Policía Nacional verificaron que la residencia designada contaba con la conectividad técnica necesaria para el monitoreo satelital. Para asegurar el sometimiento a la justicia, se presentaron como fianza cuatro inmuebles con valores que alcanzan los 400,000 y 750,000 dólares, además de otras dos propiedades valoradas en sumas superiores a los 240 y 270 millones de guaraníes.
El traslado desde el centro de reclusión se realizó bajo una estricta custodia policial para garantizar el cumplimiento de la nueva disposición.
La resolución estipula que un actuario judicial debe constituirse en la vivienda para certificar la correcta instalación del dispositivo de rastreo. Este beneficio llega tras varios intentos fallidos por parte de la defensa, logrando finalmente demostrar que el domicilio cumple con los requisitos de energía eléctrica e internet indispensables para el rastreo efectivo de López.
Con esta medida, la procesada podrá continuar su proceso judicial fuera de la cárcel, pero bajo vigilancia permanente y restricción ambulatoria total.
