La situación generó preocupación por el impacto financiero y el riesgo de desabastecimiento para pacientes oncológicos.
El Dr. Isaías Fretes, solicitó informes a las áreas de Oncología y Urología para determinar las causas del uso prematuro del fármaco, cuyo costo ronda los G. 40 millones por caja. La auditoría busca establecer si existieron cambios en los protocolos médicos, aumento de pacientes o posibles irregularidades en la distribución del medicamento.
Entre las hipótesis que analiza la previsional figuran la utilización del fármaco para patologías distintas a las inicialmente previstas, el reemplazo de otros tratamientos por esta medicación de alto costo e incluso una eventual fuga del producto.
Ante la crisis, el gerente de Salud del IPS, Dr. Derlis León, planteó reforzar la trazabilidad del medicamento y diversificar los laboratorios proveedores para evitar depender de un solo oferente.
Las autoridades indicaron que la intervención apunta a transparentar el manejo de insumos sensibles y garantizar que los pacientes no sufran interrupciones en sus tratamientos por falta de stock o fallas en la planificación.
