La medida de fuerza se da ante la negativa del Ejecutivo de vetar tres artículos de la ley de reforma del transporte que, según los sindicatos, afectan derechos laborales.
La protesta dejará fuera de circulación al 80% del servicio de buses y podría derivar en una huelga indefinida si no se abre una instancia de negociación.
Desde el Viceministerio de Transporte sostienen que la normativa es constitucional y permite garantizar un servicio mínimo en sectores esenciales.
