Durante el juicio, la fiscal Patricia Sánchez señaló que las pruebas no se limitan a las inconsistencias detectadas en las fechas de exámenes, sino que incluyen la imposibilidad material de que Rivas haya asistido a clases presenciales, además de irregularidades en el proceso de registro de su título ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Por su parte, la fiscal Teresa Sosa presentó un informe que atribuye responsabilidades a funcionarios del MEC por el registro irregular del documento. Según explicó, el trámite se realizó mediante una nota física, en lugar del sistema informático obligatorio, y el registro fue concedido el mismo día en que fue solicitado, sin controles sobre aspectos como el título de bachiller.
Sosa cuestionó además que ninguna autoridad del MEC haya intervenido formalmente hasta ahora para invalidar el uso del documento en nuevos actos jurídicos, pese a las irregularidades señaladas.
