El presidente del Congreso, Basilio Núñez, propone eliminar la protección a los defensores y recortar el mecanismo de aplicación, alegando falta de presupuesto y calificando la iniciativa como un “Frankenstein”.
Su postura fue rechazada por otros cartistas, como Derlis Maidana y Mario Varela, quienes defienden la aprobación del texto original para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Santiago Leguizamón.
Argumentan que el costo anual de la ley, unos 3.000 millones de guaraníes, es mínimo y esencial para garantizar la seguridad y el trabajo de periodistas y defensores.
