A pesar de haber manifestado inicialmente su intención de hablar, Brítez siguió la recomendación de su defensa técnica de guardar silencio de forma temporal.
La defensa del procesado argumentó que la decisión se tomó a la espera de una serie de informes oficiales que ya fueron solicitados a la previsional y diligenciados por la Fiscalía.
Según el abogado, se busca determinar si las adendas firmadas durante la gestión de Brítez tuvieron contenido patrimonial y si los pagos cuestionados fueron una obligación heredada de administraciones anteriores, sosteniendo que el ex titular basó todas sus acciones en dictámenes técnicos y jurídicos positivos de las distintas dependencias de la institución.
