La esperada reforma del transporte público sufrió un fuerte revés en el Congreso Nacional, al no obtener dictamen de la Comisión de Hacienda. La falta de aval pone en riesgo su estudio en el pleno del Senado, a menos que se consigan 23 votos para habilitarlo en comisión.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, enfrenta no solo la resistencia de la oposición, sino también de sectores aliados que cuestionan la redacción de cerca del 90% de sus 120 artículos. Uno de los puntos más polémicos es el financiamiento estimado en USD 300 millones, cuya procedencia no fue aclarada por la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, ni por el viceministro de Transporte.
Ambos hablaron de “reasignación de subsidios” y pagos a largo plazo, sin dar detalles concretos. Otro tema sensible es la estabilidad laboral de los choferes, quienes amenazan con huelga. El oficialismo rechazó incluir una cláusula de garantía alegando que la cobertura ya existe en el Código Laboral.
Senadores advirtieron que esa normativa “se incumple impunemente” por los empresarios. Además, cuestionaron la “redacción peligrosa” sobre los fideicomisos y compararon el plan con el fallido proyecto Metrobus que arruinó a comerciantes en Fernando de la Mora.
Los legisladores Líder Amarilla y Dionisio Amarilla acusaron al Ejecutivo de “subsidio para los amigos” y señalaron a Juan Carlos Aveiro como beneficiario. Incluso, acusaron a la ministra Centurión de “mentirle a la ciudadanía”. Ante la falta de consenso, la reforma queda en un limbo, con el riesgo de repetirse otro fracaso millonario en el transporte público.
