La controversia se centra en que la camioneta fue supuestamente utilizada para fines “neta y exclusivamente particular,” como transportar a sus hijos al colegio e ir de compras al supermercado. La oposición reaccionó enfáticamente, señalando que estos vehículos, por Ley, deben tener un uso oficial, preferentemente para instituciones que combaten el crimen organizado.
El senador Rafael Filizola sostuvo que, debido a la desventaja del Estado frente al crimen organizado, estos bienes deberían venderse o utilizarse para los organismos de seguridad. La senadora Celeste Amarilla calificó el uso como un “vicio de años” y sugirió que, si Baruja no posee una tercera camioneta, “que ande en colectivo como todo el pueblo,” destacando que él declaró en marzo de este año activos por 7.500 millones de guaraníes y dos camionetas a su nombre valuadas en 620 millones de guaraníes.
Los opositores catalogaron el incidente como “grave e inadmisible,” viéndolo como una muestra más del abuso de los bienes del Estado. Por otro lado, los legisladores oficialistas, al ser consultados, reaccionaron con “muchísima incomodidad”.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, evitó responder con certeza sobre el uso, alegando “para empezar no soy no Nostradamus,” pero reconoció que, de ser cierta la acusación, el hecho es “algo grave y que se tiene que corregir”.
