Un documento con fecha del 18 de febrero, que según el comisario Diosnel Alarcón en realidad corresponde al 18 de septiembre, revela que la Policía Nacional solicitó a compañías telefónicas el cruce de llamadas de los últimos tres meses de personas que iban a participar en una movilización. El pedido se realizó diez días antes de la protesta, en el marco de una investigación por supuesta “incitación a cometer hechos punibles y apología del delito”.
El documento, del cual se compartieron capturas de pantalla, también incluía imágenes de grupos de WhatsApp y Telegram. Esta acción de vigilancia fue comparada con el “Archivo del Terror” de la dictadura de Stroessner, donde la policía realizaba seguimientos y controles a ciudadanos considerados “sospechosos”, como opositores políticos o periodistas.
El abogado Juan Pablo Irrazábal criticó duramente el proceder policial, argumentando que el derecho penal debe ser la “última ratio”, es decir, la última herramienta del Estado para intervenir, y no puede usarse ante “cualquier mínima sospecha”. Según Irrazábal, en el contexto de los hechos investigados, “no hay delito” aparente, y prueba de ello es que las personas que fueron privadas de su libertad por más de seis horas ya se encuentran libres.
El experto expresó su tristeza por la reacción pública, señalando que “todo el mundo se está riendo de la policía” a través de memes y caricaturas, mientras algunos legisladores defienden el accionar policial sin explicar cuál fue el resultado positivo.
Irrazábal advirtió que esta situación proyecta una ''imagen pésima’’ de la institución, lo cual es perjudicial para combatir a los “delincuentes de guantes blancos” y a la criminalidad organizada, ya que “nadie le toma en serio”. Por esta razón, considera que el presidente Santiago Peña debe conversar urgentemente con su ministro y el comandante de la policía para abordar la crisis de imagen que enfrenta la fuerza de seguridad.
