La propuesta surge ante la incapacidad del IPS de proveer ciertos medicamentos, realizar estudios o análisis laboratoriales, o llevar a cabo tratamientos dentro de un “plazo médico razonable”.
Según el proyecto, si el IPS no proporciona un medicamento listado o no realiza un estudio porque, por ejemplo, una máquina está descompuesta, el asegurado podrá presentar una factura, una receta médica y una constancia de la imposibilidad del IPS para solicitar el reembolso. El senador enfatizó que esperar dos años por una cirugía no se considera un plazo razonable.
Busarquis argumenta que el IPS “estafa al asegurado”, ya que las contribuciones mensuales son obligatorias (en promedio Gs. 700.000 entre patronal y trabajador), pero los servicios no siempre se reciben, obligando a los ciudadanos a pagar dos veces por la misma prestación (una vez al IPS y otra por el servicio privado o el medicamento).
El senador propone que si el IPS no puede cumplir con el servicio, emita una especie de “ficha técnica” o constancia para que el asegurado pueda luego reclamar el dinero gastado en el sector privado.
