Los diputados Raúl Benítez y Johana Ortega argumentan que las “reguladas” (reducción de unidades) y los anuncios de paros son decisiones unilaterales que no consideran las consecuencias para la ciudadanía.
Afirman que el Gobierno posee los recursos legales para responder a lo que consideran un acto “extorsivo” por parte de los transportistas, y advierten que, si no actúa, el gobierno será “cómplice”. Subrayan la importancia de que el Viceministerio de Transporte “marque la cancha” a los empresarios y ponga fin a lo que describen como un “contubernio público privado”.
Por su parte, la senadora Yolanda Paredes también ha cuestionado la situación, recordando que se desembolsan anualmente unos 50 millones de dólares en subsidios al sector. La senadora calificó a los empresarios como “inhumanos” e “insensibles” por realizar paros y reguladas sin pensar en los ciudadanos, especialmente en condiciones difíciles como el invierno o la lluvia, y lamentó la falta de una “solución estructural” por parte del Gobierno.
La ciudadanía, cansada de estas “extorsiones”, demanda una respuesta definitiva a la problemática del transporte.
