Pereira explicó que la operación se realizó bajo la modalidad de “contrato abierto”, asegurando que el Estado solo paga por los insumos efectivamente recibidos según la demanda médica real.
El exfuncionario comparó este sistema administrativo con una línea de crédito bancaria, donde la institución cuenta con un techo presupuestario aprobado, pero la ejecución financiera depende exclusivamente de las entregas dosificadas.
Esta metodología busca evitar que los productos médicos venzan en los depósitos, permitiendo que el administrador del contrato gestione el stock de acuerdo con las necesidades del servicio de pediatría. Ante los cuestionamientos sobre el volumen de la compra, Pereira argumentó que la previsibilidad es clave para evitar desabastecimientos durante los 24 meses de vigencia del acuerdo, especialmente considerando que los procesos de licitación suelen enfrentar retrasos por protestas de proveedores.
En cuanto al consumo de los insumos, justificó las cifras señalando que, según asesoría técnica, un solo paciente puede requerir hasta cuatro bolsas diarias, lo que elevaría el consumo anual de un grupo pequeño de diez niños a más de 14.000 unidades. Aunque reconoció la existencia de versiones que estiman un uso mucho menor, insistió en que no existen irregularidades de stock ni malversación de fondos.
Finalmente, valoró la fiscalización iniciada por la actual presidencia del IPS, pero subrayó que la Ley de Contrataciones Públicas respalda la legalidad de las entregas parciales en este tipo de convenios, descartando así cualquier anomalía administrativa en la gestión de los suministros.
