Según la oposición, esta maniobra busca la salida de los jefes comunales de ambas ciudades, Nenecho Rodríguez (Asunción) y Miguel Prieto (Ciudad del Este).
La lectura desde la oposición es que el “cartismo” (un sector del Partido Colorado) desea deshacerse de Nenecho, a quien consideran una “carga” y “descartable”, y especialmente de Miguel Prieto, a quien ven como un “supuesto presidenciable con muy buenas posibilidades de derrotarles” y a quien “más miedo le tienen”.
La senadora Celeste Amarilla y el senador Rafael Filizzola interpretan la situación como una jugada para “matar dos pájaros de un tiro": sacar a Prieto de la administración de Ciudad del Este para instalar un interventor del Partido Colorado y ganar ventaja en las municipales, y al mismo tiempo deshacerse de Nenecho.
Los opositores sostienen que el contralor Benítez ya habría actuado de manera similar en el pasado, brindando “herramientas con apariencia legal” que sirvieron para remover de sus cargos a figuras como Mario Ferreiro y Katia González, a pesar de que posteriormente “estas evidencias fueron demolidas” y “se demostró la inocencia de ambos”. En este caso, acusan al contralor de ser “parte de esta maniobra” y de estar “haciendo el trabajo sucio”.
La solicitud de intervención de la Contraloría se basa principalmente en la supuesta irregularidad del uso de una cuenta única por parte de la Municipalidad de Asunción para la utilización de bonos que, según el órgano de control, no podían destinarse a bienes de servicios.
Por su parte, el intendente de Asunción, Nenecho Rodríguez, se llamó a silencio tras conocerse la decisión de la Contraloría. Envió al jefe de acciones judiciales de la municipalidad a presentar un descargo, señalando que “no reconocen que la Contraloría tiene la potestad de pedir intervención alguna en este caso”.
La senadora Lisarela Valiente, esposa de Nenecho Rodríguez, defendió la gestión municipal, indicando que la estrategia de la cuenta única “sí está habilitada a través de las reglamentaciones municipales”, por lo que, a su juicio, la Contraloría “tampoco tienen argumentos” para la intervención.
