La investigación se inició tras la denuncia presentada en Medellín, Colombia, por familiares de un ciudadano colombiano residente en Paraguay, quien fue secuestrado el pasado 4 de agosto luego de no poder cumplir con los pagos exigidos por la organización.
Según informó el comisario Nimio Cardoso, la víctima fue rescatada con severas lesiones provocadas por sus captores como método de presión. Además, los delincuentes exigían a sus familiares el pago de 25 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 50 millones de guaraníes, para concretar su liberación.
Los procedimientos fueron dirigidos por el fiscal Lorenzo Lescano y permitieron la detención de cinco hombres y una mujer, quienes serían integrantes de la estructura dedicada a operar el sistema de préstamos ilegales.
De acuerdo con los investigadores, el mecanismo consiste en otorgar dinero de manera inmediata, sin contratos ni garantías, principalmente a personas que no acceden al sistema financiero formal. A cambio, las víctimas quedan sometidas a condiciones de pago extremadamente abusivas, con cuotas diarias y montos que pueden multiplicar hasta 23 veces el valor originalmente prestado.
Las autoridades alertaron que este tipo de organizaciones no solo recurren a la usura, sino también a amenazas, secuestros y actos de extrema violencia para garantizar el cobro de las deudas.
