Los afectados denuncian que, pese a contar con un fallo a su favor, la empresa no ha ejecutado los pagos que equivalen al 50% del salario por cada año de servicio, acumulando una espera de casi siete años.
La situación, según representantes de los jubilados, refleja malas decisiones políticas y de gestión que mantienen a la compañía en un estado financiero crítico.
La falta de respuesta impacta directamente en la vida de los jubilados, muchos de los cuales dependen de estos fondos para cubrir necesidades básicas y gastos médicos.
Durante la movilización, recordaron con pesar que varios compañeros fallecieron sin recibir los pagos que les correspondían.
