La reforma de la Caja Fiscal impulsada por el Poder Ejecutivo busca enfrentar un déficit que actualmente ronda los 380 millones de dólares anuales y que, de no aplicarse ajustes, podría duplicarse en los próximos cinco años. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, las medidas apuntan a garantizar la sostenibilidad del sistema previsional.
Entre los principales puntos del proyecto se destacan los cambios en los requisitos para acceder a la jubilación con el 100% del haber, así como la modificación en la forma de actualización de las pensiones.
Aumento de la edad y años de servicio para policías y militares
La propuesta establece que los efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deberán permanecer en servicio hasta los 57 años de edad. Para acceder a una jubilación equivalente al 100% de sus haberes, será necesario cumplir con 35 años de aporte, calculándose el monto sobre el promedio de los últimos cinco años de servicio.
También se contempla la posibilidad de retiro con 20 años de aporte al llegar a los 57 años, aunque en ese caso la jubilación será del 50%. Además, el pase a retiro dejará de depender exclusivamente de la estructura de ascensos y se regirá por el límite de edad, lo que impactará directamente en la cadena de mando.
Nuevas exigencias para docentes y sector civil
En el caso de docentes, magistrados judiciales y docentes universitarios, la reforma eleva los requisitos para la jubilación plena. Para percibir el 100% del haber, deberán contar con al menos 62 años de edad y 30 años o más de aporte.
Quienes alcancen los 62 años con 25 años de aporte podrán jubilarse con el 90% de sus haberes, según lo establecido en el proyecto.
Cambio en la actualización de las jubilaciones
Uno de los aspectos más cuestionados de la reforma es la modificación del sistema de ajuste de las jubilaciones. La iniciativa propone reemplazar la actualización basada en los aumentos salariales de los activos por un ajuste conforme al índice de inflación, lo que podría afectar el poder adquisitivo de los jubilados.
Desde el Gobierno aseguran que la reforma es una medida urgente y necesaria para reducir el déficit a un nivel estimado de entre 300 y 400 millones de dólares, considerado manejable para las finanzas públicas, y evitar un deterioro mayor del sistema previsional.
