El primer informe presentado por la Comisión Especial Investigadora de la Mafia de los Pagarés revela la existencia de casi 7.000 víctimas y un total de 333.000 juicios ejecutivos con embargos salariales, que representan pérdidas estimadas en 2,2 billones de guaraníes.
Filizzola cuestionó con dureza al BNF por mantener los descuentos amparados en su convenio con Walton Capital, calificando el esquema como un “concierto criminal” y un “robo del salario”.
Según los datos expuestos, cada afectado registra un promedio de ocho embargos, cifra que se dispara a catorce en el caso de los docentes indígenas. Tras el anuncio de la inminente denuncia penal, el presidente del BNF, Manuel Ochipintti, informó que la institución decidió dar por terminado el acuerdo con la firma cobradora.
