Según el relato de fuentes cercanas a Miguel Prieto, su “suerte ya está echada” y existiría una “orden de ir por su cabeza” por parte de la mayoría cartista en la Cámara de Diputados.
Esta mayoría, afirman, no dudaría en votar por la destitución de Prieto, a pesar de que, según su visión, no existen “causales válidas” para tal determinación.
El senador Rubén Velázquez, del partido “Yo Creo” y adherente de Prieto, señaló que la Junta Municipal de Ciudad del Este ya aprobó una declaración instando a Diputados a rechazar el pedido de intervención.
Consideran que esta solicitud surgió de una “acción ilegal” por parte de la Contraloría, basándose en una “ley derogada” para pedir la intervención tanto de Asunción como de Ciudad del Este.
Para Velázquez, este acto es “totalmente ilegal” e “inconstitucional”, comparándolo con lo sucedido con Katia González. Ve un plan más amplio para “descabezar cualquier opositor que vaya creciendo y vaya siendo un peligro de cara al 2028", mencionando a otros líderes opositores como posibles futuros objetivos.
El proceso de intervención es visto por ellos como un “mero trámite”, un “hecho consumado” debido a la existencia de una “mayoría aplanadora”, donde “no hay ningún estudio” ni “análisis”, sino que simplemente se ejecutará el plan de “destituirle a Miguel Prieto del cargo”.
En este contexto cargado de acusaciones mutuas, cobran particular relieve las recientes declaraciones de Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Congreso, quien afirmó sin rodeos que Miguel Prieto es un “ladrón de pandemia”.
La acusación se basa en un supuesto “robo descarado de más de 42.000 millones de guaraníes” a organizaciones intermedias, mencionando específicamente ONG y comisiones vecinales.
La crudeza de sus palabras llegó al comparar la situación de Prieto con la del exgobernador Hugo Javier. Núñez declaró que, por este presunto robo, lo mínimo que Prieto debería estar haciendo es “no tomando Tere con Hugo Javier”. Yendo aún más lejos, afirmó que Prieto “Tiene que cebarle tereré a Hugo Javier”.
