El legislativo comunal tomó esta decisión durante una sesión convocada por Arturo Almirón, tras denuncias de un modelo de gestión basado en el “planillerismo” y el abandono de las obras públicas.
Este rechazo se fundamenta en un escenario de quiebra técnica, donde la municipalidad se encuentra en cesación de pagos con contratistas, el IPS y acreedores diversos. Durante el debate, la oposición calificó la rendición de cuentas como un “modelo de saqueo” diseñado para sostener estructuras políticas y electorales, criticando duramente la propuesta oficialista de vender tierras de la Costanera para cubrir el déficit financiero acumulado.
El documento analizado abarca un periodo complejo que incluye la administración del exintendente Rodríguez, la intervención de Carlos Pereira y los meses recientes bajo el mando de Luis Bello en 2025. Tras la votación, el actual intendente dispone de un plazo de 40 días para responder formalmente a las observaciones del legislativo.
De no justificarse el destino de los recursos, la crisis institucional podría derivar en nuevas acciones legales contra los responsables de la gestión financiera.
