El procedimiento fue encabezado por el fiscal Aldo Cantero, quien confirmó que la institución no contaba con la habilitación del CONES ni con la documentación requerida para impartir estos programas bajo la modalidad híbrida.
Como consecuencia, las autoridades advirtieron que los títulos expedidos carecen de validez jurídica, por lo que no podrán ser registrados ni convalidados en el extranjero. Esta situación afecta directamente a los estudiantes, quienes no podrán utilizar dichos certificados para acceder, por ejemplo, a cargos públicos en Brasil.
Según la investigación, el esquema funcionaba de manera similar al utilizado por las denominadas “universidades de garaje”, que consisten en emplear la habilitación de una sede específica para ofrecer cursos de manera irregular en otras localidades o modalidades no autorizadas.
Durante la intervención, la defensa del instituto planteó un supuesto conflicto de intereses para cuestionar el procedimiento. Sin embargo, el fiscal Cantero rechazó esos argumentos y sostuvo que la investigación se inició a partir de una alerta emitida por el MEC y el CONES.
El caso ya trascendió las fronteras paraguayas. La Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil solicitaron cooperación a las autoridades nacionales para intercambiar información, luego de que estudiantes afectados presentaran denuncias formales en su país por el presunto fraude académico.
