Esta estrategia, detallada tras el exitoso traslado de 500 reclusos de Tacumbú, busca reemplazar el ineficiente arresto domiciliario por 1,000 tobilleras electrónicas que garanticen vigilancia real las 24 horas.
La implementación de las tobilleras electrónicas surge como una respuesta crítica ante los más de 7,900 procesados que actualmente cumplen prisión domiciliaria, una medida que el ministro Riera calificó de “ilusoria” por su falta de efectividad, especialmente en delitos de violencia doméstica.
El plan estatal contempla que el Gobierno asuma el costo de los dispositivos para aquellos que no puedan costearlos, priorizando la descongestión de los penales y la protección de las víctimas por encima de la reclusión tradicional.
En paralelo, la reforma incluye un control estricto sobre la adquisición de chips de telefonía móvil para frenar la ciberdelincuencia. La iniciativa exigirá un registro obligatorio de identidad para cada tarjeta SIM, eliminando la posibilidad de usar documentos ajenos para cometer delitos y permitiendo que expertos en delitos informáticos rastreen cualquier comunicación sospechosa.
Respecto a la seguridad nacional, las autoridades mantienen operativos prioritarios para localizar a Almir Brum. El Gobierno maneja la hipótesis de que la víctima continúa con vida y que el móvil del secuestro es estrictamente económico, por lo que se mantienen a la espera de un contacto para el rescate mientras refuerzan la presencia estatal en las zonas críticas.
