28 abr. 2026

Escándalo sin castigo: dudas sobre el título de Rivas y un caso que se cerró

La investigación fiscal sobre la presunta falsedad del título de abogado del senador Hernán Rivas expone una serie de inconsistencias documentales, académicas y administrativas que ponen en duda su formación profesional, pese a que la causa fue cerrada con un sobreseimiento definitivo.

La fiscal Patricia Sánchez detalló que uno de los principales puntos cuestionados es la tesis del legislador, ya que existen certificados contradictorios sobre su contenido: mientras uno señala que trató sobre “robo agravado”, otro menciona la “reelección”. A esto se suma que Rivas afirmó haber defendido su trabajo meses después de que la sede universitaria correspondiente ya se encontraba cerrada, sin presentar pruebas audiovisuales que respalden dicha defensa.

Otro aspecto llamativo es la falta de validación por parte de supuestos compañeros y docentes. Según la investigación, la mayoría de los egresados consultados negó haber compartido clases con el senador, y si bien unas pocas personas afirmaron lo contrario, sus testimonios no lograron sostenerse frente al resto de las evidencias. Además, un docente que dijo haberle impartido clases no figura en los registros oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias.

Las inconsistencias también alcanzan a la carga horaria y la ubicación del legislador durante sus años de estudio. Registros oficiales lo sitúan trabajando en la Gobernación de Itapúa en el mismo periodo en que supuestamente asistía a clases en otras ciudades, como Luque. Incluso, se detectó que la frecuencia de clases declarada hacía inviable cumplir con las horas académicas exigidas por materia.

A esto se suma un dato que genera aún más cuestionamientos: el título fue gestionado y visado por el Ministerio de Educación en cuestión de horas, coincidiendo con su designación en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Pese a estos hallazgos, el proceso judicial no avanzó a juicio oral, ya que un tribunal dictó el sobreseimiento definitivo del caso, lo que abrió interrogantes sobre el manejo de los plazos y la posible prescripción de la causa.

Desde la fiscalía sostienen que cada uso del documento cuestionado constituye un hecho nuevo, lo que impactaría en los tiempos legales. En ese marco, insisten en que las irregularidades detectadas apuntan a demostrar que la condición de abogado del legislador sería falsa.

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