Esta grave falta de gestión afecta a un complejo donde la previsional posee un total de 800 terrenos pertenecientes legalmente a los asegurados, estimándose que al menos 40 viviendas se encuentran en una situación conflictiva similar, con ocupantes que residen de manera gratuita a costa del Estado en una de las zonas más cotizadas de la capital, a pasos de la avenida Sacramento y del Parque de la Salud.
Las alarmas institucionales saltaron tras el fracaso de una licitación reciente para alquilar una de estas propiedades por G. 4 millones, la cual quedó desierta debido a que el oferente solo propuso abonar la mitad del monto tasado, desnudando el desinterés y la devaluación comercial de los activos.
Ante este escenario, la actual administración busca cuantificar el daño patrimonial real y depurar el padrón de beneficiarios para identificar a quienes se favorecieron injustamente durante más de una década, planeando además la entrega de la gestión inmobiliaria a un equipo de marketing que logre transparentar los ingresos.
El perjuicio resulta crítico para una entidad que se declaró en estado de quiebra absoluta, mientras miles de aportantes sobrellevan severas deficiencias en la atención médica y falta de insumos, contrastando con el usufructo irregular de sus bienes por parte de terceros con llamativa complicidad administrativa.
📌 Ocupantes de viviendas del IPS no pagan alquiler
— Telefuturo (@Telefuturo) May 22, 2026
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