La Justicia Electoral quedó en el centro de una fuerte controversia tras lanzar una licitación para alquilar máquinas de votación por un monto total de USD 36 millones.
Legisladores de la oposición aseguran que el pliego habría sido direccionado para beneficiar a Comite S.A.A., empresa que, según denuncian, estuvo vinculada a firmas relacionadas con el presidente Santiago Peña.
Califican el proceso como un “negociado grosero” y recuerdan que una compra anterior de máquinas ya había sido suspendida por sospechas de un negociado aún mayor, estimado en USD 90 millones.
Ante el alto costo del alquiler —unos USD 2.000 por máquina—, los senadores analizan mecanismos legislativos para frenar la licitación, incluso vía presupuesto.
Además, plantean un proyecto de ley para volver al voto con papeletas, argumentando que en las elecciones municipales el sistema manual es viable y mucho más económico: apenas USD 3 millones, frente a los USD 36 millones del alquiler. Acusan a la Justicia Electoral de un “direccionamiento grosero” que busca favorecer a un sector político.
