El procedimiento constituye la primera vez en la historia que se inspecciona la finca presidencial desde su adquisición por el Estado paraguayo en 1942, concretándose en una jornada marcada también por las detención del superintendente de Bancos.
El Ministerio Público llegó hasta el lugar una semana después de que la causa haya sido abierta, pese a las advertencias del alto riesgo de eliminación de evidencia en todo este lapso.
Asimismo, fuentes internas del Ministerio Público revelaron que las postergaciones para ejecutar este allanamiento y otros procedimientos clave respondieron a directivas del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien dispuso que todas las órdenes judiciales debían serle comunicadas antes de autorizar las incursiones.
