Durante la jornada, se presentó una contrapropuesta firmada por 22 organizaciones de los sectores docente, universitario y de las fuerzas armadas, solicitando que el proyecto no sea tratado “a tambor batiente” y que el debate se postergue hasta marzo, tras el receso parlamentario.
El punto de mayor fricción es la intención del Gobierno de establecer una edad mínima de jubilación de 57 y 62 años, lo que los gremios consideran perjudicial para la salud física y psicológica de los docentes, quienes actualmente se jubilan con un promedio de 51 años.
Asimismo, los trabajadores cuestionan la aplicación de la ley a quienes ya están próximos a retirarse, advirtiendo que, de aprobarse como está el proyecto, personas a las que les faltan pocos años para jubilarse podrían verse obligadas a trabajar hasta una década más, según explicó Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).
Por este motivo, exigen que la nueva normativa rija únicamente para los nuevos ingresantes al sistema y que se aproveche el margen de tiempo hasta el 2027 —año en que entraría en vigencia— para una discusión responsable. No obstante, desde el análisis oficial se advierte sobre la urgencia de la reforma debido a un déficit fiscal de 380 millones de dólares que actualmente es cubierto por el Tesoro Nacional, afectando la sostenibilidad del sistema de seguridad social del país.
