Informes internos ya advertían sobre problemas de solvencia y operaciones con empresas vinculadas, como Vinanza S.A. Sin embargo, las alertas no habrían derivado en las medidas correctivas previstas por Ley.
Pese a las advertencias, Ueno Bank continuó captando fondos del IPS y de empresas públicas. Además, lanzó promociones con reintegros de hasta el 50% antes de su intervención, el 3 de noviembre de 2026.
El caso también tiene repercusiones políticas. El fiscal general Emiliano Rolón Fernández enfrenta cuestionamientos por presuntas demoras en los allanamientos a las sedes de la entidad.
Por su parte, la crisis abrió interrogantes sobre los controles del sistema financiero y su impacto en la confianza de los ahorristas y la calificación de riesgo del país.
