Se trata de Emanuel Galván, de 38 años, quien inicialmente reportó que tres hombres armados, con los rostros cubiertos, irrumpieron en su vivienda y se llevaron cerca de G. 300 millones en efectivo, además de tres motocicletas, un teléfono celular y un arma de fuego.
El hecho ocurrió días atrás y movilizó a las autoridades, que comenzaron las investigaciones para identificar a los responsables. Sin embargo, durante las diligencias surgieron inconsistencias en torno a la cantidad de dinero denunciada y a la procedencia de los fondos.
Según los investigadores, Galván aseguró en un primer momento que el dinero correspondía a ahorros generados mediante la venta de huevos, queso y leche. Posteriormente, ante el Ministerio Público, modificó su versión y sostuvo que el monto era inferior al denunciado inicialmente, agregando que parte de los recursos provenían de un préstamo destinado a una futura inversión en una gallinería.
Las sospechas aumentaron debido a la marcada diferencia entre los ingresos declarados por el funcionario y el nivel de vida que exhibe. De acuerdo con los datos recabados, Galván percibe alrededor de G. 5 millones mensuales como agente penitenciario, incluyendo beneficios por peligrosidad.
No obstante, la investigación revela que posee una vivienda de importante valor, vehículos de colección, motocicletas de alta gama y un caballo utilizado para jineteadas, que permanece en un espacio especialmente acondicionado dentro de su propiedad. Además, cuenta con un vehículo de lujo destinado al transporte del animal.
Los delincuentes que perpetraron el asalto intentaron eliminar evidencias destruyendo las cámaras de seguridad de la vivienda y el circuito cerrado de un vecino. Pese a ello, una cámara con memoria independiente logró captar imágenes del ingreso de los sospechosos.
Al tratarse de un funcionario público, Galván está obligado a justificar el origen de sus bienes. Actualmente permanece en libertad, mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones para determinar si existe o no la comisión de hechos punibles como lavado de dinero o enriquecimiento ilícito.
