La medida se debe a que la defensa técnica del principal sospechoso, Víctor Cantero, presentó una acción de inconstitucionalidad. Cantero, un personal policial, está detenido e imputado por abuso sexual de persona indefensa (debido a la discapacidad intelectual de María Ramona), aborto y feminicidio.
La familia de la víctima y su abogado, William Amaral, califican la acción de la defensa como una “chicanería” para dilatar el proceso, mientras que la defensa, representada por Rosalina del Valle, argumenta que la acción se relaciona con una prueba fiscal fuera de tiempo y sostiene la supuesta inocencia de su defendido, cuestionando incluso si María Ramona estaba embarazada y si Cantero era el padre.
La familia amenaza con encadenarse frente al Palacio de Justicia si la situación no se resuelve pronto.
