La decisión se fundamentó en que, tras concretarse el procesamiento de González, correspondía apartarse formalmente de la arista relativa a Peña, no sin antes haber resuelto las audiencias previas de las personas privadas de libertad dentro del plazo impostergable de 24 horas fijado por la Constitución Nacional.
Al justificar su intervención inicial a pesar de la causal existente, Otazú explicó que el artículo 346 del Código Procesal Penal y la Carta Magna lo obligaban legalmente a resolver sobre actos procesales urgentes que no admitían demora.
Asimismo, el magistrado defendió la transparencia de su actuación y su credibilidad frente a las críticas, enfatizando que la totalidad de sus resoluciones y decisiones tomadas en el expediente permanecen estrictamente registradas dentro del sistema judicial