Según la exposición de la fiscala Patricia Sánchez, las pruebas institucionales y testimoniales producidas en el proceso demostraron la falsedad del certificado de estudios y del título emitidos por la Universidad Sudamericana, sobre los cuales se construyeron sus posteriores acreditaciones ante la función pública.
La acusación del Ministerio Público se estructuró en tres porciones fácticas: la resolución de la Cámara de Diputados de junio de 2020 que lo designó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la solicitud y obtención de su matrícula profesional ante la Corte Suprema de Justicia en julio de 2021, y la posterior resolución del Senado de julio de 2023. Todas estas actuaciones partieron de la premisa de una carrera universitaria culminada, de la cual no se hallaron evidencias primarias objetivas como fichas de inscripción, actas de exámenes, constancias de asistencia o registro de tesis.
Asimismo, la representación fiscal expuso graves contradicciones sobre la sede donde supuestamente cursó la carrera, situándola de forma incompatible entre Luque, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. Al respecto, informes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) e investigaciones del caso confirmaron que la filial de Pedro Juan Caballero únicamente disponía de las ofertas de Medicina y Enfermería, lo que invalida las afirmaciones del propio acusado.
