11 ene. 2026

Buscan destrabar huelga de transporte por polémica reforma

El sector del transporte público se encuentra en un punto crítico ante una huelga anunciada para este jueves y viernes, mientras se desarrollan reuniones cruciales para intentar llegar a un acuerdo.

El debate se traslada a una mesa técnica en la Cámara de Diputados

Una mesa tripartita está prevista para las 13:00 horas en el Ministerio del Trabajo entre chóferes, empresarios y autoridades del Gobierno. Sin embargo, la decisión final recaerá en el Congreso de la Nación, donde los trabajadores buscan modificar una reforma a la ley de transporte que se encuentra en su segunda vuelta en la Cámara de Diputados.

Los trabajadores, representados por Juan Godoy de la Federación Unitaria de Trabajadores de Transporte, objetan puntualmente tres artículos de la propuesta de ley. Si en las reuniones de hoy logran ser convencidos por los argumentos del Ejecutivo y se abre una posibilidad de acuerdo, la medida de fuerza podría levantarse.

Los tres puntos del conflicto

Los sindicatos han centrado sus reclamos en tres áreas específicas que, según afirman, vulneran sus derechos laborales y constitucionales:

  1. La tercerización y la responsabilidad patronal: La reforma permitiría la creación de empresas con múltiples dueños, lo que dificultaría a los trabajadores identificar a su empleador directo para exigir el cumplimiento de sus derechos. Por ello, exigen que todos los propietarios sean solidariamente responsables de las obligaciones laborales.
  2. La discriminación y la antigüedad: Otro punto de fricción es un artículo que permitiría a los nuevos dueños de una empresa de transporte desvincular a los trabajadores con solo dos años de antigüedad sin ofrecerles una solución. Los trabajadores se oponen firmemente a esta medida, argumentando que no pueden “prescindir de su trabajo a esta gente” por el impacto que tendría en sus familias.
  3. El servicio “imprescindible” y el derecho a huelga: Si bien los trabajadores coinciden en que el transporte es un servicio esencial respaldado por la Constitución, también defienden que el derecho a huelga es una garantía constitucional para responder a incumplimientos del contrato por parte del Estado. La reforma propone que durante una huelga se deba cubrir un 70% del servicio, lo que en la práctica anularía la medida de fuerza.

El debate se traslada a una mesa técnica en la Cámara de Diputados, donde representantes del Poder Ejecutivo (Ministerios de Economía, Obras Públicas y Trabajo), empresarios y trabajadores discutirán los artículos en cuestión antes de su tratamiento en el pleno. El resultado de estos diálogos será determinante para el servicio de transporte en los próximos días.

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