Esta retención de fondos, esenciales para la operatividad de los siete cuarteles capitalinos, pone en grave riesgo la seguridad vial y la respuesta ante emergencias de toda la ciudadanía asuncena debido al cese de las transferencias obligatorias.
El origen de este conflicto financiero se remonta a una ordenanza municipal establecida en el año 2012. Dicha normativa legal estipula que el gobierno local debe transferir de manera obligatoria a las instituciones de rescate el 3,5% de todo lo recaudado en concepto de impuesto a la construcción, distribuyendo legalmente un 60% para los bomberos “amarillos” del CBVP y el 40% restante para el CBVA.
Sin embargo, la falta de pago se ha prolongado críticamente en el tiempo, ya que el CBVP dejó de percibir estos desembolsos en el año 2020, mientras que el cuerpo de bomberos de Asunción sufrió el corte de los aportes a partir de 2023. Lorena Canam, presidenta del CBVP, denunció que todos los pedidos de audiencia, notas y mensajes enviados al intendente actual han sido totalmente ninguneados, cortando cualquier tipo de respuesta oficial a los reclamos.
La crisis operativa e institucional se vuelve todavía más compleja tras los recientes incendios registrados en edificios que operaban de forma irregular y sin habilitación comercial. Las autoridades de los cuarteles criticaron duramente que, mientras la Municipalidad de Asunción falla de manera recurrente en sus labores básicas de control y fiscalización, son los propios voluntarios quienes terminan arriesgando su vida e interviniendo con recursos limitados para mitigar siniestros en construcciones que ni siquiera deberían estar abiertas al público.
