Benítez explicó que “El Observador” se especializa en temas judiciales, accediendo a elementos de los cuadernos de investigaciones que generalmente no son de fácil acceso, y al darle difusión a esta información, “inquietan y remueven el avispero”.
El ataque, según el periodista, es la culminación de una serie de advertencias que venían recibiéndose a través de perfiles falsos y vía telemática en las redes sociales.
Benítez señaló que estos ataques habían subido de tono, llegando a pasarse de raya, razón por la cual había conversado previamente con una de las fiscalas de delitos informáticos para intentar identificar el origen de dichas amenazas.
Además de las amenazas directas, el medio y sus reporteros enfrentan acoso por parte de la estructura jurisdiccional. El comunicador citó como ejemplo la solicitud de un juzgado para que una de sus periodistas revele quién le proveyó información sobre un allanamiento o procedimiento, lo que constituye una violación a la garantía constitucional que protege el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes.
Benítez mencionó que le llama la atención, y le hace atribuir el hecho a las publicaciones, que manejaba información de que ya lo venían siguiendo e investigando sus pasos. Asimismo, detalló que, por una cuestión de estrategia y vida privada, él suele mudarse cada tanto de vivienda, residiendo en alquiler.
La mafia investigada por El Observador se dedica a estafar a personas vulnerables y sobreendeudadas, involucrando en su estructura no solo a casas o comercios, sino también a auxiliares de justicia y jueces que ya fueron apartados de sus cargos. Benítez concluyó que, atando cabos, no existe otra hipótesis para el atentado que las represalias por el trabajo constante que El Observador viene publicando.
